Hacia principios de abril de 2008, se
produjeron en la zona del Delta del Paraná cerca de trescientos focos de incendios
de pastizales, que, por acción de los vientos predominantes, no sólo que se
desplazaron por las rutas cercanas ocasionando accidentes fatales, además de la
cantidad de heridos, y dañaron a gran parte de la población contaminándola ocasionando
problemas respiratorios, entre otras consecuencias en la salud, sino que
cubrieron gran parte del territorio uruguayo, llegando a la ciudad de Buenos
Aires, y particularmente a la zona de Congreso.
Martín
frente al monumento a los Dos Congresos desde la avenida Entre Ríos
Vista de la plaza de los Dos Congresos desde
la calle Hipólito Yrigoyen
Edificio del Congreso
de la Nación desde la calle Hipólito Yrigoyen
Vista
de la plaza Mariano Moreno desde la avenida Rivadavia
Dicha práctica, denominada rozado, que consistía
en quemar los pastizales para generar una inmediata fertilidad en los suelos, si
bien estaba prohibida por sus consecuencias negativas a mediano y largo plazo,
era de uso habitual entre gran parte de los productores. Pero en esta ocasión,
debido al conflicto existente a causa de la resolución ciento veinticinco, que consistía
en un sistema de movilidad en aumentos en las tasas de retención a las
exportaciones de la soja y el girasol en grano sin industrializar, esto fue
sospechado de ser una acción deliberada que complementaba el paro agropecuario
dispuesto por los terratenientes. Esa resolución había sido anunciada por
Martín Lousteau, quien renunciara pocos días después a su cargo de Ministro de
Economía.
Los ruralistas habían diseñado un movimiento
de larga duración, recurriendo a bloqueos de rutas, vías férreas, puentes,
puertos, movilizaciones callejeras, suspensión de cadena de pagos y ataques a
transportistas, entre otras acciones, incluyendo la imposibilidad del paso de
una ambulancia lo que derivó en el fallecimiento del paciente que transportaba.
Rompieron vidrios de otras ambulancias y cometieron una serie de desmanes con
agresiones hasta con una embarazada. Incluso hubo uso de armas de fuego que
atacaron a balazos a quienes transportaban hacienda. Todo para impedir que los
alimentos llegaran a las grandes ciudades. Sin embargo, estos desmanes fueron inadvertidos
para los medios de comunicación nacionales. Las medidas de fuerza fueron
anunciadas por tiempo indeterminado, y quedaron cortados los servicios de
ómnibus de larga distancia entre las principales ciudades del país. Además de producirse
actos de violencia entre los defensores del gobierno y los opositores
autodenominados “el campo” (los terratenientes).
Entre los contrarios al paro agropecuario se
encontraban Luis D’Elía, líder de la Federación Trabajo y Vivienda de la CTA (Central
de Trabajadores de la Argentina), Emilio Pérsico, por el Movimiento Evita, el Movimiento
Libres del Sur dirigido por Humberto Tumini, y el Frente Transversal Nacional y
Popular liderado por el diputado Edgardo Depetri (piqueteros parias).
La Federación Agraria Argentina tuvo la
iniciativa de juntar firmas para convocar a un plebiscito exigiendo nuevas
elecciones; la presidenta Cristina convocó al diálogo pidiendo a los
empresarios el levantamiento del paro; las Madres de Plaza de Mayo criticaron
duramente el paro; y la Iglesia Católica pidió su levantamiento preocupada por
el desabastecimiento y la fragmentación social; la Unión Industrial Argentina apoyó
el discurso de la presidenta y pidió un modelo económico que promoviera la
industria generadora de valor agregado. También hubo cacerolazos en los barrios
de Belgrano, Recoleta y Caballito por parte tanto de quienes eran propietarios
de campos como de los que habían invertido en fondos bancarios relacionados con
dichas explotaciones. El Gobierno propuso compensar a los pequeños y medianos empresarios
y fomentar la producción lechera y ganadera, amenazada por la expansión de la
soja. Pero los terratenientes acordaron continuar con el paro. La Cámara de Operadores
Mayoristas Frutihortícolas (COMAFRU) denunció que el sector estaba sufriendo
graves pérdidas debido a los bloqueos de rutas y exigió que las asociaciones
patronales buscaran formas de protesta que no dañaran a otros sectores de la
población.
Para fines de marzo el desabastecimiento de
alimentos en los grandes centros urbanos, especialmente de leche y carne siguió
agravándose con aumentos de hasta el cien por ciento en los precios de algunos
productos, se perdieron más de seis millones de litros de leche y dos millones
de kilos de frutas y verduras, además de sacrificarse más de un millón de
pollos.
Eduardo Buzzi, Presidente de la Federación
Agraria Argentina, dijo con orgullo “Hemos demostrado que se puede desabastecer…”
Por otra parte, las dos centrales sindicales (CGT y CTA), el Frente para la Victoria,
varias organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, las
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Agrupación HIJOS
y las Abuelas de Plaza de Mayo, convocaron a una marcha en apoyo del gobierno,
a principios de abril.
Poco después de declarada la tregua y
mientras el gobierno y las entidades patronales mantenían tensas negociaciones
es que se inició el incendio que tuvo efecto sobre el conflicto. Y si bien hubo
opiniones que relacionaban estos incendios con las modalidades de la producción
agropecuaria en la Argentina, aunque fuera ilegal, los dirigentes de la
Federación Agraria Argentina habían sostenido que la “quema era natural” y que
formaba parte de una “técnica para el aprovechamiento del pastizal”. Pero otros
ruralistas como el Presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, habían
cuestionado ese punto de vista, y habían sostenido que era ilógico quemar pastizales
antes de primavera, llegando a sospechar que esto fuera prendido a propósito. La
Secretaría de Medio Ambiente informó que el fuego alcanzaba a setenta mil hectáreas.
Por otra parte, el Consorcio Delta de Prevención y Lucha contra Incendios, integrado
por ganaderos y forestales del Delta del Paraná sostuvo que la mayoría de los incendios
eran obra de personas irresponsables, en terrenos de dominio no precisado y/o
fiscales, exigiendo al gobierno que fuera estricto en la aplicación de los
delitos establecidos en el Código Penal.
¡¿Quién puede pensar que esto fue ajeno a las
prácticas combativas del denominado “campo”?! Cuando los de abajo protestan, los
de arriba chillan y los castigan. Pero cuando protestan los de arriba, no
tienen límites. No les importa absolutamente nada, ni siquiera la salud y la
propia vida de los demás… Y cuando se les descubren sus malas acciones, buscan
algún chivo expiatorio, es decir, que se las hacen pagar a pobres perejiles…
Sin embargo, en esta oportunidad, lejos de
las fuertes declaraciones de varios funcionarios del gobierno, que advirtieron
que los responsables de los incendios debían estar presos, como se trataba de
los dueños de algunos campos, el Juez Federal Federico Faggionatto Márquez, por
diferentes razones, liberó a todos a todos los imputados. Y aquí, ¡no ha pasado
nada!
